Diferencias entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

En este artículo queremos explicarte la diferencia que existe entre el derecho al honor y la libertad de expresión. De esta forma,  ayudarte a combatir tu mala imagen en Internet.

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La Constitución Española consagra en su artículo 18.1 el Derecho al Honor y en su artículo 20.1 a) el Derecho a la Libertad de Expresión. Literalmente expone, con respecto al primero, que «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»; y, con respecto al segundo, que «se reconoce(n) y protege(n) el(los) derecho(os) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

La parca redacción que realizó el legislador constituyente de estos conceptos jurídicos ha acelerado su desarrollo jurisprudencial, función primordial que los altos tribunales que se erigen en lo alto del sistema judicial español han venido desarrollando desde su creación. Así, por un lado, y a la vista de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, el Derecho al Honor es considerado por esta como «un derecho fundamental que, derivado de la dignidad de la persona, confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás» (Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1992, Fundamento Jurídico Cuarto). Por otro lado, el Tribunal Constitucional argumentó, en su Sentencia 160/2003, que «la libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión».

Es aquí, en el punto de unión entre ambos derechos, donde nace el conflicto.

 ¿Qué derecho prevalece sobre el otro? ¿Se pueden mostrar y divulgar opiniones sobre cualquier asunto y de cualquier modo?

La respuesta no puede ser otra que negativa. Aunque la Jurisprudencia del Tribunal Supremo mantenga que la libertad de expresión e información deben tener un papel prevalente sobre el derecho al honor debido a su papel esencial en la formación de una opinión pública libre que fomente la consecución de un estado plural y democrático, lo cierto es que, la ponderación del caso, contexto y circunstancias concretas deben ser analizadas casuísticamente a la hora de medir el grado de injerencia de un derecho sobre otro.

Este criterio de la ponderación debe obedecer dos reglas: (1) En primer lugar, y como se ha indicado anteriormente, el respeto a la posición prevalente que ostentan la libertad de expresión y de información por su vital importancia para la vida de una sociedad abierta y democrática (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2009); (2) En segundo lugar, permite y acepta que la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (Sentencia del Tribunal Supremo 6/2000).

Sin embargo, y de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1992, «(El Derecho al Honor) impide que puedan entenderse protegidas por las libertades de expresión e información aquellas expresiones o manifestaciones que carezcan de relación alguna con el pensamiento que se formula o con la información que se comunica o resulten formalmente injuriosas o despectivas, y ello equivale a decir que esos derechos no autorizan el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, puesto que la Constitución no reconoce, ni admite el derecho al insulto».

Con el incipiente y vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, Internet y, por extensión, las redes sociales, se han convertido en un medio idóneo para el vertido y difusión de opiniones de todo tipo. El anonimato que ofrecen los prestadores de servicios de la sociedad de la información alienta entre los usuarios su deseo de compartir sus distintos puntos de vista. Ahora bien, si una persona, más allá de expresar su opinión, publican comentarios vejatorios, insultantes, difamatorios o injuriosos que menoscaben la dignidad, autoestima o fama del destinatario de aquellos, no solo puede incurrir en un delito de injurias o calumnias, sino que puede ser condenado a indemnizar el daño moral ocasionado a la víctima por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de esta. Según el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, «tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley (…) la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación».

Asimismo, el propietario de la red social, foro o página web también puede ser responsable por estas injerencias. El artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que los prestadores del servicio consistente en albergar datos o información facilitada por el destinatario del servicio (redes sociales o foros, por ejemplo), serán responsables por la información almacenada cuando sean conscientes de que esta es ilícita o de que lesionan derechos de un tercero susceptible de indemnización y no actúen con diligencia para retirarla o imposibilitar el acceso a ella.

Para culminar la anterior explicación expondré un ejemplo: supongamos que en un foro los usuarios comienzan a publicar comentarios sobre una tienda de informática, la cual, según ellos, es una estafadora y ladrona. La tienda de informática ve vulnerado su derecho al honor, por lo que requiere al titular del foro para que elimine o haga imposible el acceso a esos comentarios. El titular del foro, a pesar de tener, incluso, un sistema de control o moderación, no retira el contenido ofensivo. Tras esta falta de reacción, el propietario de la tienda de informática queda legitimado para interponer una demanda contra el foro para que elimine los comentarios y, además, le indemnice por los daños morales ocasionados, todo ello en base al artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En síntesis, este es el escenario legal y jurisprudencial más actual de la cuestión de referencia, analizado desde un punto de vista genérico, es decir, sin ánimo de una excesiva exhaustividad. La mecánica de las reclamaciones por las injerencias en el honor suelen ser muy similares, aunque, sin embargo, se trata de una cuestión que debe ser estudiada caso por caso, tanto en lo relativo a su cuestión de hecho como a su viabilidad y expectativas de éxito.


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